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La cuenca alta de este río es considerada una de las reservas de vida silvestre más grandes e inalteradas de América.
El movimiento ambientalista de Belice podría recurrir a una corte internacional si el Consejo Privado de la Reina, en Londres, no detiene la construcción de la represa.
"Hemos pedido al Consejo que se detengan los trabajos y se hagan estudios técnicos serios y apropiados, porque los que sirvieron de base para que el gobierno aprobara el contrato son totalmente defectuosos", declaró la dirigente del frente de organizaciones ambientalistas Bacongo, Candy González..
El Consejo Privado de la Reina -que actúa como corte de última instancia para los países miembros de la Mancomunidad Británica- escuchó la semana anterior los argumentos de los opositores al proyecto y los del gobierno y de la compañía de electricidad de Belice, y emitirá una resolución posiblemente antes de Navidad.
Si la resolución fuera adversa, el movimiento ambientalista evaluará llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, porque la construcción de la obra violenta la Constitución del país y los derechos de la gente, afirmó González.
El frente de organizaciones ambientalistas, entre las que se cuenta el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés), está convencido de que la represa causará un daño ambiental irreversible.
"El Alto Macal tiene la más alta densidad de grandes gatos en el neotrópico, incluyendo jaguares, ocelotes y pumas; constituye el único santuario de la lapa escarlata, de la que sólo quedan unos 200 ejemplares en el país y unos 1.000 en el mundo", afirmó Cinthya Flores, de la oficina de WWF en San José.
Un rara especie de tapir, más la rana juliani -única en el mundo- y una amplia variedad de especies anfibias también verían su existencia amenazada por la represa, aseguró.
Finalmente, el Alto Macal es un componente "crítico" del Corredor Biológico Centroamericano, proyecto que busca garantizar un territorio apto para la reproducción de numerosas especies -muchas de ellas amenazadas de extinción- entre México y Panamá, recordó.
La represa, denominada "Chalillo", está siendo construida por la empresa Becol, subsidiaria de la transnacional canadiense Fortis, que también es propietaria de BEL, el único suplidor de energía eléctrica del país.
El proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental elaborado por una firma internacional radicada en Londres, pero Bacongo asegura que la investigación adolece de graves fallas, y desde enero de 2002 inició una batalla legal para que se invalide.
El caso fue conocido por la Corte Suprema de Belice y por una Corte de Apelaciones del Caribe, y finalmente presentado esta semana ante el Consejo Privado de la Reina Isabel II en Londres.
González aseguró que no existe suficiente justificación económica para la represa -cuyas obras preliminares se comenzaron en mayo a un costo proyectado de 30 millones de dólares- porque no aumentará significativamente la capacidad de generación eléctrica, ni reducirá sustancialmente la dependencia energética del país con México.
Además, asegura que encarecerá el servicio y que un contrato suscrito entre Fortis, el gobierno y la empresa BEL obliga a esta compañía a comprar la energía generada por la represa Chalillo aún cuando tenga un costo mayor que la que pueda obtenerse de cualquier otro proveedor.
El contrato concede otros privilegios "desproporcionados" a la compañía: le exime del pago de impuestos y de responsabilidad en caso de un eventual rompimiento del dique, o de un mal funcionamiento de la planta por falta de agua, según Bacongo.
Además, un error "fundamental" en los estudios de viabilidad de la compañía consiste en describir como "granito" el material en el subsuelo de la zona de la represa, que en realidad es de un material mucho menos sólido, agregó la organización.
"Si la represa llega a romperse, se producirá una ola gigantesca que inundaría los pueblos ribereños de San Igancio y Santa Elena, poniendo en riesgo la vida de sus 12.000 habitantes y causando enorme destrucción", aseguró González.
Por otra parte, desde que comenzaron los trabajos se ha detectado mercurio en los peces del río, consumidos por los pobladores con grave riesgo para su salud, afirmó.
Los ambientalistas argumentan que Belice, un pequeño país de 22.965 km2 y apenas 250.000
habitantes, vive fundamentalmente del turismo ecológico y que la destrucción de su patrimonio
natural pondría en peligro su principal fuente de ingresos.
San José
Con AFP
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